Reforma de Supremacía Constitucional: ¿Peligro para el Sistema de Pensiones Mexicano?

El pasado 31 de octubre, México vivió un momento histórico con la aprobación de la Reforma de Supremacía Constitucional, cuyo propósito, según el gobierno, es fortalecer la primacía de la Constitución sobre las leyes secundarias y los tratados internacionales. Esta reforma, en teoría, busca consolidar la capacidad de la Constitución mexicana para regir todas las leyes y normativas nacionales. Sin embargo, el alcance de sus implicaciones va más allá de la intención declarada. Uno de los sectores que podría verse afectado de manera preocupante es el sistema de pensiones, un área crítica para millones de mexicanos que dependen de sus ahorros de toda la vida para su sustento en la vejez.

Para entender la potencial amenaza, es importante analizar cómo este cambio afecta las estructuras del sistema de pensiones. Hoy en día, el marco legal que rige las pensiones mexicanas se sustenta no solo en las disposiciones nacionales, sino en convenios y tratados internacionales que protegen los derechos laborales y los derechos humanos de los pensionados. La Reforma de Supremacía Constitucional podría dar paso a interpretaciones legales que desplacen dichas normas internacionales, priorizando criterios nacionales que, en el peor de los casos, pudieran abrir la puerta a ajustes en los montos de pensión o en las condiciones de retiro.

Además, esta reforma podría facilitar el camino para que las autoridades ejerzan un control más centralizado sobre los fondos de pensiones. Recordemos que el sistema de pensiones en México ha tenido una historia complicada, con problemas de sostenibilidad, transparencia y suficiencia. Al consolidar el poder del gobierno sobre las decisiones económicas del país, podría volverse tentador redirigir los recursos de los fondos de pensiones hacia otros fines de desarrollo o estabilización económica.

No es un secreto que en los últimos años hemos visto iniciativas de diferentes gobiernos para acceder a estos fondos bajo el argumento de “beneficiar al país”. La reforma recién aprobada podría acabar con algunas barreras legales que, hasta ahora, han dificultado la manipulación de los fondos de pensiones.

El futuro de las pensiones, de esta manera, podría quedar a merced de interpretaciones legales y políticas del momento, en lugar de estar protegido por un marco jurídico robusto y blindado. Aún es pronto para conocer el alcance total de esta reforma, pero la incertidumbre ya comienza a afectar a los trabajadores y pensionados que temen por el destino de sus ahorros. En un país donde el sistema de pensiones ya enfrenta problemas de liquidez y sostenibilidad, cualquier cambio de esta magnitud debería encender todas las alarmas, y el gobierno tiene la responsabilidad de brindar garantías de protección para el futuro de los trabajadores mexicanos.